La ciudad marchaba por las mujeres justo cuando una bala le robó el aliento a una de ellas. Antes hubo un bate en la oscuridad, un bisturí y un juez que confundió el miedo con dudas. Detrás del crimen, un nombre de negocios y una maquinaria de favores; delante, hijos que tuvieron que crecer de golpe. Este es el expediente que une huellas, errores y valentía: cómo un intento de feminicidio mal clasificado se volvió un símbolo nacional, y cómo la verdad, aun tardía, sigue tocando puertas.

El polvo de la marcha en la capital mexicana subía en remolinos cálidos, y los carteles —“Vivas nos queremos” pintados con urgencia adolescente— eran un mapa improvisado de dolor y esperanza. Pero la historia de Abril Cecilia Pérez Sagahón no empezó en esa tarde de noviembre. Comenzó décadas atrás, en Monterrey, a la sombra de una madre que decidió que el mejor parámetro para medir el amor era la educación, y que la dignidad se escribe con trabajo.

Abril nació en 1971 en el norte, entre el pragmatismo de las ciudades industriales y las montañas que templaban el carácter. No venía de dinero, pero su madre —María del Socorro— supo hacer de cada oportunidad un peldaño. Universidad, posgrados, noches con café, códigos de mercado, diplomados, un pasaporte con sellos que decían Nueva York pero cuyo destino verdadero era algo más simple: la independencia.

Aprendió a negociar, planificar, vender, leer a la gente sin deshumanizarla. Y al mismo tiempo fue esa mujer que, en una reunión, pregunta si alguien falta por comer; que recuerda el cumpleaños del guardia del edificio; que se ofrece para una recaudación sin preguntar quién será la portada. Su liderazgo era un gesto cotidiano: levantar la mano para ayudar, no para presumir.

En los noventa, dos caminos que venían en paralelo se cruzaron. Juan Carlos García Sánchez —economía, honores, ambición nítida y una biografía llena de cursos reputados— compartía círculos con Abril. Se gustaron, se encontraron, y a ojos de todos eran el diagrama perfecto: finanzas y marketing, tecnología y comercio, un matrimonio que parecía escrito por una revista universitaria. Fundaron plataformas, vendieron, escalaron y se mudaron al lado próspero de la ciudad. “La pareja ideal”, se decía. Luego vinieron tres hijos: Ana Cecilia, Juan Carlos y Julio Andrés. El álbum de fotos era impecable. La vida puertas adentro no.

La violencia no siempre se anuncia con gritos. A veces entra por fisuras, se hace control, celos, detectives privados y manos que aprietan el cuello en una discusión que se desborda. Hacia 2009, esa cara empezó a mostrar su hueso. Abril intentó terapia de pareja; él, no. Abril eligió permanecer, como tantas, para “no romper la familia”. Durante años, su fe en que el carácter irascible amaina convivió con el miedo que se instala en el estómago como una piedra.

La mudanza a la Ciudad de México en 2015, con la llegada de Amazon y la dirección de operaciones, ofrecía una narrativa fácil: nuevo comienzo. El control y los arranques viajaron en la misma caja. Juan Carlos dejó Amazon, pasó a Elektra, y el retrato público siguió pulcro. La fachada es una técnica; la intimidad, un test.

El 4 de enero de 2019, lo que venía siendo patrón se convirtió en intento de homicidio con hora y objeto. En la madrugada, Abril despertó a un golpe en la cabeza; el temblor imaginario fue un bat de aluminio empuñado por el hombre que había prometido cuidarla. Nariz, espalda, amenazas; un arma blanca, cortes en la barbilla y el cuello; manos en la garganta. El hijo adolescente cruzó la puerta como quien rompe una maldición: empujó, detuvo, dio segundos vitales. Abril huyó por una ventana, bañada en sangre, hacia la caseta. Ambulancia. Hospital. ABC. Una familia que viaja de Monterrey al noticiero íntimo del horror.

Las fotos —que luego vería el país entero— hablaban sin retórica: contusiones, cortes, un hilo de suturas que bajaba del mentón al esternón. El 6 de enero, sin voz, Abril escribió lo que pasó; el 7, la denuncia penal se presentó. El expediente empezó.

Abril obtuvo separación y custodia en mayo. La pensión alimentaria: 6.000 pesos mensuales, un insulto disfrazado de trámite. Ella pidió medidas cautelares; el acoso telefónico siguió. Se mudó de vuelta a Monterrey. Trabajó. Intentó rehacer la vida al lado de sus hijos. Respira, se dijo. Respira.

El 20 de septiembre, detuvieron a Juan Carlos por feminicidio en grado de tentativa. El alivio duró poco. El 25, el juez de control Federico Mosco González escuchó a Abril, vio pruebas, oyó a un hijo. Y dijo que no hubo intención de matar porque, si la hubiera habido, en estado de vulnerabilidad ella habría muerto. Reclasificó: lesiones y violencia familiar. La palabra feminicidio —el concepto que alineaba lo ocurrido con la ley— fue borrada de un plumazo. En noviembre, un magistrado concedió apelación a la prisión preventiva. Juan Carlos salió. Abril escribió al juez: “Temo por mi vida.”

Más papeles: evaluación psicológica de los hijos para una audiencia de custodia, viaje a la capital. Abril cumplía cada exigencia: quería cerrar todos los flancos. En paralelo, recuperaba algo parecido a la libertad con sus hijos en Chiapas. “Perdonar no es olvidar,” les dijo, sentada en la mesa, “es dejar de cargar el odio.” La fe le daba gramática; el miedo, una sombra.

El 25 de noviembre de 2019, el país marchaba. Abril salió del consultorio y subió al asiento del copiloto de un Chevrolet Malibú. Dos hijos detrás. Circuito Interior Río Churubusco. Una moto se acercó como si supiera exactamente dónde. Dos disparos. Hombro derecho y nuca. Un tercer coche bloqueó el avance. Un hijo vio pasar la bala a centímetros. Hospital. Javier —hermano— llegó a la medianoche. Ya era tarde.

Las redes se llenaron de lo que debería haberse dicho en audiencias: fotos del intento de feminicidio con bat y bisturí, relatos de la escalada, una hija que llama psicópata y narcisista a su padre. La Fiscalía dijo “ataque directo”. La SSC, “no feminicidio aún”. La Interpol emitió ficha roja semanas después; se supo que Juan Carlos cruzó a pie por San Ysidro, que quizá estaba en San Diego.

El Congreso exigió destitución de jueces que no actuaron con perspectiva de género. Los removieron, los regresaron, los removieron otra vez. Las motos utilizadas se identificaron por video. El caso se volvió símbolo y espejo: de una mujer asesinada, de un país que reporta nueve mujeres asesinadas al día, de un sistema que escala el daño cuando desconoce el nombre correcto de las cosas.

La investigación apretó como un lazo: se detuvo a los autores materiales en marzo de 2020, Juan Carlos Rodríguez Ortiz y Rodolfo Daniel Bandera Sandoval. Luego cayeron siete presuntos involucrados más: alias, intermediarios, logística, un revólver calibre .38 Smith & Wesson enviado por paquetería para evitar controles. Rodolfo declaró: 180.000 pesos por matar; 50.000 extra si era antes del 28 de noviembre —fecha de una audiencia clave para el proceso del 4 de enero que el juez había degradado. Confesó viajes fallidos a Monterrey y la decisión de cumplir en la capital, con una recomendación siniestra: “No hieras a los hijos.”

El país leyó el motivo como se lee una contabilidad sucia: custodia, proceso, miedo a perder control. Los videos de más de 200 cámaras armaron el rompecabezas. La Fiscalía reforzó la búsqueda; la Interpol reemitió alerta roja. Juan Carlos, el ex director que firmaba comunicados de cooperación y reclamaba ser procesado a distancia por “amenazas”, seguía prófugo.

En paralelo, la familia de Abril se organizó con un nombre que no era solo homenaje: La Voz de Abril. Asesoría legal, acompañamiento psicológico, presión pública. Las redes se llenaron de cifras y nombres, recordando que Abril no era la primera ni la última, pero sí una bisagra: un caso con rostro, pruebas, jueces con nombres, y un desenlace que hizo visible el eslabón fatal: la negligencia.

El clímax se jugó en dos escenarios: en la sala del reclusorio Oriente, donde los autores materiales recibieron sentencia —52 años y seis meses— y en el vacío legal que seguía llamando al autor intelectual sin encontrar su sombra. La justicia habló, pero con una voz a medias: castigó manos; el cerebro se fue por la frontera.

Mientras tanto, los hijos crecían con tutoría de Ana, la hermana de Abril, y apoyo de Javier. Una entrevista de Ana Cecilia en 2022 le puso carne al dolor: activismo, memoria, una latitud nueva para su vida que incorpora duelo como identidad, no como destino. A los 21, habló como si tuviera 40; a los 14, su hermano tuvo que aprender que el miedo también se hereda.

El giro no fue que la justicia se volviera perfecta —no lo fue—, sino que el expediente criminal se convirtiera en un expediente público. La reclasificación infame del 4 de enero fue revisada, el caso volvió a llamarse feminicidio en grado de tentativa. Los jueces que degradaron la agresión fueron sancionados, aunque la enmienda no devolvió nada. La sentencia de los sicarios dejó claro que el pago existió, que el encargo tuvo fecha, que el objetivo fue una mujer que había escrito “temo por mi vida” a un juez que no la supo leer.

En el Congreso, se discutió hacer más expeditas las alertas de género y que las medidas cautelares sean siempre a favor de la víctima. Se propuso renombrar el marco legal con el nombre de Abril; las organizaciones feministas recordaron que los nombres son muchos y que la violencia es un mar sin una sola orilla. La reforma legal avanzó a trompicones, pero la conversación cambió de tono: perspectiva de género dejó de ser una frase en memorandos para convertirse en exigencia en tribunales.

La Voz de Abril creció como estructura: abogados, psicólogas, voluntarias que saben leer expedientes y sostener manos. No podían traer a Abril de vuelta, pero podían evitar que la burocracia asesinara dos veces. La casa de Monterrey se convirtió en refugio y en oficina ad hoc; los cumpleaños de los niños, en ceremonias de resistencia.

En mayo de 2023, las condenas a los autores materiales cerraron un capítulo. Pero el libro seguía abierto: Juan Carlos seguía fuera. El giro, entonces, fue aceptar que la resolución también puede ser parcial, y que aun así vale: ver la trama entera y no dejar que el final incompleto nuble las lecciones.

La marcha que acompañaba el aniversario del crimen, tres años después, no era igual que la de aquel día. Había más carteles con nombres, más niñas con los ojos grandes y la voz segura. Una joven —Ana Cecilia— sostuvo un micrófono y dijo algo que cortó el ruido: “Mi mamá no es solo una cifra; es la razón por la que hoy estoy viva mirando de frente.”

Javier, al lado, pensó en aquella madrugada del hospital y en la carta que Abril escribió sin voz. Pensó en los jueces, en el fiscal, en las motos y en el circuito interior. Pensó, sobre todo, en la primera vez que ella habló de perdón como una forma de liberarse. El perdón no borra; ordena para poder vivir.

El expediente de Abril no termina con su sentencia incompleta. Termina cada vez que alguien se atreve a nombrar correctamente la violencia; cada vez que un juez lee un miedo y comprende su gramática; cada vez que un hijo sabe que la justicia tarde es injusticia mitigada, pero que hay que empujarla hasta que llegue. Y empieza, otra vez, cada vez que una mujer se acerca a una puerta buscando ayuda y la encuentra.

En el polvo de la marcha, un cartel decía: “Abril no murió; nos despertó.” El río de la ciudad cargó ese mensaje un poco más lejos, como hace con los restos de todos los días. La fe no revive; empuja a actuar. La valentía no cura el veneno; lo enfrenta. Y el expediente criminal —ese que juntó huellas, rastros, indicios y evidencias— se volvió también una guía: cómo mirar, cómo escuchar, cómo escribir en papel lo que el cuerpo gritó a tiempo.