Una madrugada en Kerala, una joven religiosa bajó a buscar agua y encontró lo indecible. Lo que siguió no fue un misterio sencillo, sino una batalla de décadas contra informes manipulados, pruebas destruidas y testigos asfixiados por el miedo. Dos sotanas, un velo en el suelo y un hacha sin sangre fueron los indicios que desmontaron la versión cómoda. Aquí está el expediente que desnudó a una institución y exigió justicia para la hermana Amaya: desde el pozo hasta la sentencia, paso a paso.

El convento San Pío X quedaba al norte de Kottayam, en Kerala, y parecía un remanso: paredes encaladas, puertas de madera oscura, un patio con pozo antiguo de piedra, cocina con frigorífico y el sonido disciplinado de las oraciones marcando las horas. En ese microcosmos, la hermana Amaya —nacida Avaya Vina Thomas en 1971, hija de Aikara y Lilama— había hecho de la vocación su camino y del estudio su herramienta. Era meticulosa, perseverante, altruista; rasgos que habían cosechado confianza entre superiores y hermanas.

El nombre que eligió al tomar hábitos —Avaya, “paz, serenidad, ausencia de miedo”— parecía una promesa humilde. En 1990, a los 19 años, ingresó en la Congregación de San José con un objetivo claro: servir a discapacitados y pobres, y formarse a fondo en la doctrina católica. Compartía habitación con la hermana Sherly; estudiaba psicología y humanidades en el Bishop Chulaparambil Memorial (BCM), afiliado a la Universidad Mahatma Gandhi. En ella, el fervor no excluía la disciplina: clases, oración, servicio, estudio nocturno.

La víspera de un examen, el 26 de marzo de 1992, le pidió a Sherly que la despertara antes del amanecer. A las 4:00, toquido suave, hábito, velo, libreta. Somnolienta aún, decidió pasar por la cocina: agua fría, lavarse la cara, despejarse. Nadie imaginaría que ese gesto cotidiano se trenzaría con un crimen que sacudiría a la Iglesia en Kerala y ocuparía titulares durante casi tres décadas.

El amanecer llegó con un desorden inusual en la cocina: la puerta del frigorífico abierta, una botella de plástico caída y goteando, un hacha pequeña —la que se usaba para la leña— en el suelo, una zapatilla cerca, la otra no muy lejos, y un velo blanco asomando bajo la puerta. Al llamar a lista, faltó una: la hermana Amaya. La búsqueda recorrió corredores, patios, habitaciones, capilla. Alguien se acercó al pozo en el jardín externo, miró, y abajo, inmóvil como una locura concentrada, encontró un cuerpo.

Llegaron policías; intentaron sin éxito sacarla. Los bomberos, con poleas, cuerdas y una red, extrajeron el cuerpo. La autopsia del doctor Radha Krishnan señaló abrasiones en hombro y cadera derechos, dos laceraciones pequeñas sobre la oreja derecha; ningún signo de agresión sexual. El registro inicial: ahogamiento. El informe policial —apoyado en una declaración de la madre superiora Leizu— insinuó “muerte no natural” pero concluyó, con la ligereza que duele, que la hermana se habría quitado la vida.

La familia no creyó. Las religiosas no creyeron. Los vecinos no creyeron. Y entre las voces que se alzaron emergió una que no se cansaría: la de Yomon Puthen Purackal, activista por derechos humanos, que vio en la versión oficial un túnel que conducía a la impunidad.

El 31 de marzo de 1992, por iniciativa de Yomon, se formó el Consejo de Acción del Caso Amaya. Se exigió reabrir el expediente, investigarlo como homicidio. El 13 de abril, la División Criminal de la Policía Estatal tomó el mando. Diez meses después, pese a indicios, el informe final ante el Tribunal de Kottayam insistió: suicidio. Yomon no soltó. Tampoco la congregación Nanaya, que escribió al Primer Ministro. El caso pasaría, más tarde, a manos del CBI (Central Bureau of Investigation), en una trayectoria de cierres rechazados y pistas ignoradas que transformaría esta historia en un laberinto.

La CBI heredó el expediente en 1993. Entre 1996 y 2005 presentó tres informes de cierre. El tribunal los rechazó uno por uno. Primero: “difícil determinar suicidio u homicidio”. Segundo: “asesinato, autores desconocidos”. Tercero: “nadie involucrado”. En paralelo, crecían sospechas: manipulación de pruebas por la policía estatal antes de transferir el caso; destrucción de indicios; remodelaciones en el convento que parecían sepultar evidencia. La estructura institucional funcionaba como un dique.

El giro llegó en 2007, desde la esquina menos santa. Adaka Raju, ladrón menor, declaró que la madrugada del 27 de marzo de 1992 saltó la verja del convento para robar frutos secos y varillas de cobre del pararrayos. Agazapado, dijo haber visto entrar a dos sacerdotes y, poco después, a la hermana Amaya. Según su relato, desde los ventanales vio lo que ocurrió: un encuentro furtivo en la cocina entre los padres Thomas Kottoor y José Puthurukkayil, y la hermana Sephy —docente y monja del mismo convento—, interrumpido por la presencia inesperada de Amaya.

El relato encajaba con rumores que desde hace tiempo señalaban a los dos clérigos, ambos profesores del BCM. Thomas, psicólogo, canciller de la Diócesis de Kottayam y autor teológico; José, respetado, con carrera limpia. La idea de su participación encendió una crisis eclesiástica en Kerala, donde ya se acumulaban escándalos.

Autorizados por tribunal, la CBI sometió a los tres sospechosos a narcoanálisis (“suero de la verdad”) en agosto de 2007, en Bengaluru. Informes filtrados sugerían confesiones; se habló de cintas manipuladas. La corte exigió originales en sobre cerrado. Entre fisuras y nuevos testigos, otra pieza coincidió: Sanju Mathew, vecino del convento, declaró haber visto la motoneta del padre Thomas en el campus la noche anterior.

El 19 de noviembre de 2008 —dieciséis años después de la muerte— la CBI arrestó a Thomas, José y Sephy. El 25 de noviembre, el subinspector auxiliar que preparó el primer informe, Babu Augustine, fue hallado muerto; se dijo suicidio por corte de muñecas e ingestión de veneno. La CBI lo había señalado por destruir pruebas y cerrar el caso como suicidio. Tras su muerte, trascendió que fue de los primeros en advertir indicios de crimen.

La narrativa del Ministerio Fiscal, presentada al Tribunal Superior de Kerala a finales de 2008, reconstruyó la madrugada con detalle:

La hermana Amaya entra a la cocina, abre el frigorífico, toma una botella, se dirige al fregadero.
Se sorprende por una escena comprometedora: los dos religiosos con la hermana Sephy.
La botella cae; el agua se derrama.
El padre Thomas se abalanza, la toma del cuello; Sephy golpea con el mango del hacha la cabeza y la nuca.
Amaya pierde el conocimiento, se desploma.
Aún viva, es llevada al patio y arrojada al pozo.

Un testigo —Adaka— “observó desde las sombras”. La CBI acusó: homicidio, destrucción de pruebas; para José, cómplice. El 1 de enero de 2009, un juez concedió fianza a los tres. En julio, la CBI presentó la hoja de cargos ante el tribunal de Ernakulam. Empezó una carrera judicial de diez años con un paisaje minado: testigos hostiles, presiones, evidencias circunstanciales, y una institución que no estaba dispuesta a soltar del todo el relato de la conveniencia.

Entre los datos perturbadores que flotaron en el proceso estuvo la presunta cirugía de reconstrucción de himen de Sephy, practicada —según un expediente anónimo— en el hospital del convento para “defender la virginidad” ante posibles pruebas. Nunca se probó; fue desmentida; el juez Shyam Kumar Sharma, invocando dignidad básica, declaró inconstitucional la prueba de virginidad. Entre tanto, se denunciaron amenazas y sobornos a testigos para retractarse, y vínculos de agentes de investigación con políticos y autoridades eclesiásticas.

En 2019, la Corte Suprema rechazó peticiones de liberación y ordenó que Thomas y Sephy fueran juzgados por tribunal especial CBI en Thiruvananthapuram. El proceso arrancó el 26 de agosto. Ocho de 49 testigos se volvieron hostiles, incluyendo la hermana Sherly y Sanju Mathew. Raju, el ladrón, no se movió: sostuvo su versión.

La evidencia clave del CBI y de la fiscalía fue el desorden de la cocina. Sin sangre, sí objetos: botella, hacha, velo, zapatillas, cosas caídas. El Ministerio Público construyó móvil y mecanismo: relación clandestina entre Sephy y uno o ambos sacerdotes; escena comprometedora; miedo a ser expuestos; Amaya como testigo incómoda; ataque y eliminación.

Los acusados en sala: Sephy, compungida, silenciosa; Thomas, rostro inexpresivo. Monjas y sacerdotes en bancas ofreciendo apoyo. El caso, ya sin mapa emocional sencillo, avanzó hacia su decisión.

El 22 de diciembre de 2020, en plena pandemia, el tribunal especial CBI del distrito de Thiruvananthapuram emitió su veredicto: culpables. Padre Thomas Kottoor (66) y hermana Sephy (55) fueron condenados por homicidio agravado —asesinato de la hermana Amaya, destrucción de pruebas—; y Thomas, además, por allanamiento de morada. Cadena perpetua para ambos. Multa de 500.000 rupias (~6.000 USD) por el homicidio; 100.000 rupias adicionales (~1.200 USD) para Thomas por el allanamiento con fin homicida.

Al escuchar la sentencia, Sephy rompió en llanto. Thomas mantuvo su inexpresión como si la cara fuera un muro. Monjas corrieron a abrazarlos. En la audiencia de condena, pidieron clemencia: enfermedades graves, padres ancianos que cuidar. El tribunal escuchó y anunció castigo. A la salida, el sacerdote dijo: “inocente; todo sucede según el Plan de Dios; nada que temer.” Sephy guardó silencio.

La familia de Amaya recibió el fallo como una intervención divina. Biju, el hermano, dijo: “se impuso la verdad”. Los padres de la víctima, Aikara y Lilama, habían fallecido en 2016 sin ver el final. Yomon, el activista que empujó el caso desde el principio, no ocultó emoción: “por fin, descanso.” Decenas de religiosas que habían denunciado abusos celebraron: el veredicto era también una reparación simbólica a una oleada de silencios impuestos.

En los papeles, el clímax había llegado: sentencia, cadena perpetua, una frase que se resistió 28 años a escribirse: “asesinato”.

El sistema rara vez suelta sin apelación. En junio de 2022, los abogados de Thomas (70) y Sephy (57) apelaron ante el Tribunal Superior de Kerala: irregularidades, veredicto basado casi exclusivamente en un testigo “poco confiable.” La corte admitió el recurso, suspendió las cadenas perpetuas y concedió libertad bajo fianza mientras se resuelve. Fianzas de cinco lakh (500.000 rupias) cada uno; condiciones estrictas: no abandonar el estado, no cometer delitos.

Yomon cuestionó a la CBI: no presentó contra declaración jurada a la defensa, no explicó hechos con suficiente claridad ante la corte. Publicó su autobiografía —Daiva Thinte Swantham Vakil (“El propio abogado de Dios”)—, un relato mayormente del crimen de la hermana Amaya, como si en la escritura se jugara también una batalla contra el olvido.

El expediente, tras la resolución de primera instancia, volvió a abrirse en la lógica de las segundas categorías: apelación, suspensión, libertad condicionada. Para la familia, para la comunidad, para la congregación, el sabor fue amargo: el descanso parece una tregua, no un final.

La resolución aquí no es un cierre perfecto. Es la verdad judicial que se alcanzó y el péndulo que volvió a moverse. Es la constatación de que, a 30 años, un caso puede seguir siendo un espejo donde se mide el alcance del poder y la paciencia de la justicia.

En Kottayam, la cocina del convento ya no tiene la botella y el hacha en el piso; el pozo ya no guarda el silencio del cuerpo que se hundió. Pero la memoria no se reconstruye con albañiles ni se borra con resoluciones interinas. La hermana Amaya —que quiso estudiar, servir, vivir sin miedo— se convirtió en símbolo involuntario de una pregunta más grande: ¿quién protege a las que protegen?

La justicia llegó tarde y, tras llegar, fue suspendida. El expediente criminal, sin embargo, dejó algo más que cargos y sentencias: dejó una comunidad que aprendió a desconfiar de las versiones cómodas, una prensa que vigiló, un activismo que no soltó, y una Iglesia interpelada por dentro. A veces, el final emocional no es un punto. Es la insistencia en nombrar correctamente: no “suicidio”, no “misterio”, sino “asesinato”.

El pozo, al fin, habló