Dos Mineros Peruanos Desaparecieron en 1993—30 Años Después, Ingeniero Halla un Casco en Yanacocha

Era viernes 15 de octubre de 1993, y el reloj marcaba las 6:40 de la mañana cuando Luis Alberto Hamán Gutiérrez y Julio César Castañeda Paredes desaparecieron sin dejar rastro dentro del complejo minero de Llanacocha, al noreste de Cajamarca. Ambos trabajadores, de 29 y 26 años respectivamente, habían llegado puntualmente a la entrada del sector La Quina, donde como cada jornada esperaban la orden para ingresar a las galerías activas.

Aquella madrugada, la niebla cubría los cerros como una sábana espesa y el frío calaba hasta los huesos, incluso dentro del precario transporte que los desplazaba. Las hojas de asistencia mostraban sus firmas, y sus tarjetas magnéticas fueron registradas al ingresar a las 6:17. Sin embargo, al culminar el turno de trabajo, ni Luis ni Julio respondieron a los llamados por altoparlante, ni aparecieron en los vestuarios, ni en el comedor, ni en los buses de retorno. En apenas unas horas, la sombra del desconcierto se transformó en pánico.

Luis Alberto era supervisor auxiliar de control geomecánico, y Julio operario de sostenimiento. Aquella mañana ambos fueron asignados al tajo cerrado de Kish 04, una galería estrecha clausurada semanas antes por acumulación de gases. Los registros indicaban que se les encomendó revisar la ventilación pasiva instalada y tomar muestras de estabilidad estructural. El ingreso debía realizarse con acompañamiento de seguridad, pero ningún vigilante figuraba en los reportes. Tampoco se dejó constancia del tiempo estimado ni de los instrumentos retirados del almacén. La radio portátil que utilizaban permanecía encendida, sin señal, al borde de la rampa de acceso.

Al enterarse del extravío, los demás operarios se movilizaron con urgencia. Durante las siguientes 36 horas, personal de seguridad, cuadrillas de búsqueda y voluntarios rastrearon los túneles con oxímetros y cámaras térmicas rudimentarias. No se encontró sangre, ni cascos, ni herramientas, ni restos de uniforme, ni signos de colapso estructural. Nadie escuchó explosiones, gritos ni desplazamientos anómalos. La galería Kish 04 permanecía sellada con placas metálicas y no mostraba alteraciones visibles.

Sin embargo, las autoridades mineras clausuraron todo el sector de forma preventiva y un informe escueto enviado a Lima hablaba de desaparición anómala sin evidencia de accidente laboral. Fuera del campamento, la noticia tardó en hacerse pública. En esos años, la región aún vivía bajo el eco de conflictos armados, desapariciones forzadas y pactos de silencio no escritos.

Las familias fueron notificadas con frases ambiguas: a Reinalda, madre de Julio, un capataz le dijo simplemente, “No apareció. Quizá bajó por otra vía y perdió el rumbo.” A Rosa Elvira, esposa de Luis Alberto, le entregaron su lonchera intacta y le sugirieron esperar 48 horas antes de denunciar. “Puede que hayan bajado a revisar otra galería sin registrar el cambio,” dijeron. Nadie explicó por qué dos trabajadores habrían entrado sin acompañamiento a un túnel cerrado, ni por qué sus radios, linternas y cuerpos habían desaparecido en el silencio.

Las primeras semanas tras la desaparición estuvieron marcadas por el desconcierto, contradicciones y una burocracia sorda que lo diluía todo. Las familias de Luis Alberto y Julio César interpusieron denuncias ante la comisaría de Cajamarca. Pero el expediente inicial fue archivado rápidamente bajo la categoría de ausencia voluntaria sin indicios criminales.

A pesar de que ninguno tenía antecedentes, problemas personales o razones para huir, el caso fue tratado como un extravío atípico, sin urgencia ni diligencias profundas. La mina Ylanacocha emitió comunicados internos, aseguró colaborar con la investigación y entregó un modesto monto por gastos extraordinarios a los familiares directos.

Los años pasaron. La galería Kish 04 fue rellenada parcialmente con residuos de lixiviación y el tajo donde trabajaban desapareció bajo toneladas de material estéril. La memoria de los dos hombres se fue desdibujando en los pasillos de la minera, donde cada año ingresaban nuevos trabajadores y salían otros tantos. Solo sus nombres quedaron inscritos en una pequeña placa oxidada en la entrada antigua del sector, junto con la leyenda “Desaparecidos en acto de servicio”, como si eso bastara para explicar lo inexplicable.

Rosa Elvira, viuda de Luis, se mudó a Trujillo con su hija menor. Reinalda, madre de Julio, se aferró a la fotografía de carnet que había en el altar familiar y rezaba el rosario cada madrugada, convencida de que algún día alguien diría la verdad.

En 2001, tras insistencias reiteradas, lograron que el Ministerio Público reabriera el expediente como desaparición laboral con presunción de delito. Pero la falta de pruebas materiales, la pérdida de documentos técnicos de 1993 y la negativa de la empresa a realizar excavaciones antiguas dejaron el caso nuevamente paralizado.

Hubo rumores. Un ex operador de maquinaria dijo en 2004, desde el anonimato, que había escuchado un disparo aquel día en la zona de Kish. Otro afirmó que los vieron discutiendo con un supervisor poco antes de perderse. Pero todos los testimonios eran imprecisos, sin pruebas, y los denunciantes se retractaban o desaparecían del área en un ambiente marcado por el miedo, la complicidad tácita y los intereses millonarios de la minería aurífera.

La verdad parecía sepultada para siempre bajo la tierra removida.

En 2004, la policía incautó un revólver llamado Python .357 durante un operativo antidroga en la periferia de Cajamarca. El arma fue registrada, archivada como evidencia secundaria y olvidada en una bóveda policial. Nadie en ese momento reparó en su posible conexión con la mina y nadie lo haría hasta que pasaran dos décadas más.

Para 2023, Luis y Julio llevaban 30 años oficialmente desaparecidos. No había arrestos, ataúdes ni justicia. Sus nombres no figuraban en ninguna lista de víctimas del conflicto interno ni en los informes de derechos humanos. Solo sus familias acudían año tras año a la misa del 15 de octubre en la parroquia San José Obrero, encendiendo velas frente a una fotografía borrosa, esperando una señal.

Aquel viernes por la tarde, un ingeniero subcontratado por SRK Perú descendió a las antiguas galerías de Llanacocha para realizar un peritaje geotécnico. Jorge Luis Ilescas, especialista con permisos excepcionales, llegó hasta el viejo tajo Kish 04, cerrado desde 1993.

Al iluminar una grieta irregular en la pared rocosa, notó un objeto encajado entre dos placas de mineral fracturado: un casco de seguridad amarillo, modelo MSA con focup, cubierto de polvo y restos de yeso. Lo que llamó la atención fue un orificio redondo y nítido en la parte posterior, compatible con una bala. En la parte interna se distinguían tres iniciales: LHG.

El hallazgo fue reportado de inmediato y la supervisión ordenó suspender las labores. Tras una serie de llamadas, la Fiscalía de Cajamarca autorizó intervenir la galería. Equipos de rescate y peritos criminalistas comenzaron a desmontar las paredes falsamente reforzadas.

El 12 de junio, un operario golpeó una zona hueca con su pico neumático. Tras remover capas de relleno, surgieron los primeros huesos: una tibia humana aún enfundada en parte de una bota de seguridad. Bajo las rocas mezcladas con lodo, hallaron restos óseos de dos personas dispuestas una sobre otra, junto a una barreta con manchas secas, una linterna rota y una ficha plástica con el nombre JC Castañeda.

El entorno presentaba signos de lucha, fracturas no accidentales, impactos en cráneo y costillas. No habían sido víctimas de un accidente. Fueron asesinados.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Cajamarca. La fiscalía solicitó el cotejo balístico del orificio en el casco con armas almacenadas. El proyectil fue extraído y analizado por expertos. La bala pertenecía a una 9 mm disparada desde un revólver CT Python .357, incautado en 2004 y custodiado en la región policial.

El arma había pertenecido a un extrabajador de Yana Cocha, Miguel Ángel Saldaña Córdoba, quien en 1993 compartió turno con Luis y Julio. Saldaña, retirado en 1994 por razones disciplinarias, residía cerca de Selendín. Al enterarse de que lo buscaban, acudió voluntariamente a declarar.

Saldaña negó recordar nada extraño, pero el arma era suya y los registros mostraban que estuvo en la galería Kish 04 el día de la desaparición. Además, se llevó una barreta idéntica a la encontrada en la fosa.

Confrontado con pruebas, comenzó a sudar y guardó silencio. La fiscalía solicitó su detención preliminar. La hipótesis se consolidaba: Saldaña tuvo un altercado con Luis por un supuesto robo de mineral, disparó y luego remató a Julio, ocultando los cuerpos bajo toneladas de material.

Treinta años después, la verdad comenzaba a emerger.

El caso reabierto desencadenó inspecciones adicionales y la creación de una comisión especial para revisar desapariciones mineras. La prensa nacional cubrió el caso con titulares como “El crimen bajo tierra” y “La bala que habló 30 años después”.

La minera Yanacocha, presionada, reconoció la gravedad y prometió colaborar, financiar la identificación de restos y construir un memorial subterráneo.

En julio de 2023, Saldaña firmó una confesión manuscrita: “Yo disparé.” La Fiscalía solicitó prisión preventiva por homicidio calificado y encubrimiento agravado.

El juicio se realizó a puertas cerradas. El 29 de noviembre, Saldaña fue condenado a 27 años de prisión y a pagar reparación civil a las familias.

El 17 de diciembre, se inauguró un memorial subterráneo en Kulish 04, con placas de bronce y una ceremonia sobria.

El 15 de octubre siguiente, 31 años después, las campanas de la parroquia San José Obrero repicaron con lentitud. Por primera vez, la misa conmemorativa se celebró en memoria y no en ausencia.

Fotografías restauradas de Luis y Julio presidían el altar. El sacerdote habló de perdón y justicia, y recordó que “El silencio no siempre protege. A veces mata dos veces.”

Las familias, la comunidad y la memoria se unieron para que la verdad, aunque tardía, ya no fuera enterrada bajo tierra ni olvido.

Esta historia muestra cómo el silencio institucional puede sepultar la verdad, pero también cómo la perseverancia y la justicia pueden abrir grietas en el muro del olvido, para que la memoria y la dignidad prevalezcan.